Una aplicación oficial -que fue lanzada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y puede descargarse gratuitamente en los celulares con acceso a Internet- informa la ubicación de radares en rutas, según se difundió en los medios. Los automovilistas que recorren las rutas bonaerenses camino a los centros turísticos de la costa atlántica pueden conocer oficialmente, a través de sus celulares inteligentes, la ubicación exacta de los radares que operan en esos circuitos y cuáles son las velocidades máximas permitidas según los distintos tramos. Al acceder, los usuarios de las rutas 2, 11, 36, 63 y 74 pueden saber dónde están ubicados los 42 cinemómetros de esa región, y también pueden interiorizarse sobre cuáles son los requisitos para circular, las velocidades máximas actualizadas, la localización de las estaciones de peaje y los costos, entre otros servicios. El titular de la Jefatura de Gabinete provincial, Alberto Pérez, al anunciar el nuevo dispositivo explicó que: "Ponemos a disposición esta herramienta porque nuestra política vial es de prevención y no persigue un fin recaudatorio".
Cuando se detecta una infracción, el cinemómetro toma una fotografía y la multa es enviada por correo al titular del auto infractor. No es la primera vez que se da a conocer dónde están los cinemómetros. Desde abril de 2011, el gobierno bonaerense tiene la obligación de advertir a los conductores, con 500 metros de anticipación, que en las proximidades hay un radar que estará vigilando la velocidad.
Esta metodología generó rechazo en la oposición. "Las rutas bonaerenses están plagadas de radares que lo único que hacen es caja a costa del contribuyente. Pueden fotografiar cien veces a un conductor ebrio, drogado o temerario y nadie lo detendrá jamás", dijo el diputado Ramiro Gutiérrez al conocerse el video del accidente del 1° de enero pasado, cuando un conductor ebrio transitó varios kilómetros y mató a un turista.
Desde Luchemos por la Vida notamos que, tanto entre la población en general como entre las autoridades que aprueban nuevas medidas de control, no existe claridad de ideas en torno de para qué sirven las mismas y el resultado son normativas y disposiciones con defectos o suavizadas para que sean menos resistidas, lo cual tiene consecuencias tales como el riesgo de no servir para lo que deberían, que es disuadir a la gente de transgredir las normas para beneficio propio y de los otros. Se sabe que el eje del problema principal pasa por el comportamiento de los usuarios de la vía, ya que son las fallas humanas las que provocan casi el 90 % de los accidentes. Por ello resulta indudable que las acciones que se pongan en funcionamiento, en todas las áreas, deberán dirigirse a reducir las posibilidades de los usuarios de la vía (peatones y conductores) de comportarse arriesgadamente y sufrir accidentes.
Los controles de tránsito que son eficaces siempre son preventivos. Cualquiera sea el método que se utilice, mejor aún si se combinan varios de ellos: con presencia policial identificada, con cámaras de fotos sin identificar, con móviles sin identificar e identificados, con cámaras láser y sistemas computarizados, con radares, o agentes de tránsito talonario en mano, en manos privadas o estatales, basta con que cumplan una condición: que el conjunto mayoritario de la población esté convencida de que, en caso de cometer una infracción, “muy probablemente” será sancionado. En esto radica el efecto preventivo de las medidas. Cuando el transgresor comprende que lo beneficia “personalmente” más, respetar las reglas que no hacerlo, cambia de comportamiento. ¿Por qué? Sencillamente porque la mayoría de las personas -usuarios de la vía pública- no somos delincuentes, psicópatas antisociales ni alienados mentales, aunque existan minorías que sí lo son o lo están. La mayoría de los usuarios nos movemos en la vía pública en función de lo que “creemos” que nos beneficia personalmente. Actuamos por comodidad y egoístamente, pero aunque a veces lo parezca, no somos tontos ni irracionales. Si las condiciones que nos rodean nos lo permiten, hacemos cosas que sabemos que están mal si creemos que nos convienen. Si dejan de convenirnos, porque nos traen más perjuicios que beneficios, dejaremos de hacerlas, en la mayoría de los casos.
Cuando el Estado sostiene la aplicación del control y la sanción en forma justa, continua y sin excepciones, reafirma el valor “social” de la medida, contribuyendo a su afianzamiento como hábito y su generalización.