Sufren. Los padres de los jóvenes no tienen consuelo. Tampoco sus compañeros de colegio. Sus vecinos y amigos sufren, porque ya no están con ellos. Y deberían. Porque eran jóvenes. Sanos y llenos de vida. Porque eran alegres y compinches. Los que los conocían sufren y tienen bronca porque están convencidos que esto no debería haber pasado. Miguel y Giuliana tenían tan sólo 16 años y toda una vida por delante. Y da bronca que ya no estén. Y su bronca es absolutamente razonable. No deberían estar muertos. Y todos buscan a los responsables. Y apuntan a las autoridades municipales.
Se quejan del comportamiento de los inspectores de tránsito. De acuerdo a algunos testimonios, deducen que la camioneta con dos inspectores los perseguían porque habrían querido detener a la moto porque no usaban el casco, y los chicos no habrían respetado la orden y huyeron. Los inspectores les habrían dado alcance, los habrían encerrado, golpearon la moto y desencadenaron la tragedia. Comentan que esta conducta no es excepcional. Que los agentes, agresivamente, salen a perseguir a los jóvenes en estos casos. Nadie vio toda la escena y restan los peritajes que comprueben estos hechos o los desmientan.
Más allá de esto, tal vez, los vecinos que han salido a condenar a las autoridades de la ciudad, tengan una parte de razón. La autoridad municipal de tránsito no fue efectiva en su accionar. La prueba más evidente y dolorosa lo constituyen estas dos vidas tronchadas y una comunidad que, a pesar de comentar que se los controla, no usa el casco mayoritariamente. Fue terrible comprobarlo en las escenas del funeral de los chicos. Las cámaras de TV se posaron en decenas de vecinos que circulaban en moto sin el casco. Y esto es un grave indicador de que aunque, quizás, bien intencionada, esta política de seguridad vial no fue desarrollada con eficacia. Falló la metodología de contralor, que debe tener una finalidad preventiva de accidentes y nunca provocar lo que desea evitar. Controlar y sancionar es necesario y si se hace bien, salva vidas. Capacitar a los agentes de tránsito para un desempeño efectivo parece ser una asignatura pendiente. Y falló la concientización y educación de la población. Toda acción de control y sanción debe ser anunciada, explicada y elaborada con la comunidad para que sea exitosa. La mayor parte de la población debe estar convencida de que ésta no tiene un fin recaudatorio y sí del cuidado de la vida. La seguridad vial se construye junto a la comunidad, no contra ella.
Sin embargo, en última instancia, más allá de los posibles errores cometidos por los inspectores, es importante recordar, aunque resulte doloroso admitirlo, que los chicos murieron porque no usaban el casco. Ese choque, que no tendría que haber sido, no los hubiera matado si hubieran tenido el casco puesto. El casco, que no usaban, que hizo que los quisieran detener, y que aceleraran para escapar. Estas muertes son responsabilidad, en parte, de ellos mismos que circulaban sin casco. De sus padres, que no supieron darse cuenta de la importancia de no dejarlos salir sin esa protección. Y también de las autoridades que no los educaron, a todos, para la prevención. Es una cadena de responsabilidades. O de fatal ignorancia.
Lic María Cristina Isoba
Directora de Investigaciones y Educación Vial
Luchemos por la Vida
Asociación Civil