El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires multó y suspendió preventivamente la licencia de conducir de 20 conductores que acumulaban 10 o más infracciones graves (exceso de velocidad, violación de luz roja, alcoholemia positiva, etc.), en los últimos 6 meses. Para recuperarla, deberán cumplir la pena impuesta y someterse nuevamente a los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos. Se trata de los primeros conductores temerarios en recibir una sanción de una serie inicial de 306 casos identificados en condiciones similares.
Cabe destacar que de las 4 fotomultas incluidas en la noticia, en todos los casos los conductores circulaban a más de 40 km/h sobre el máximo permitido, según surge de las fotos acompañadas.
Conductas tan temerarias y graves como ésta ponen de manifiesto la urgente necesidad de legislar los Delitos contra la Seguridad Vial, en particular el de la conducción con exceso notable de velocidad, antes de que otros potenciales homicidas del tránsito, como estos, lleguen a matar. El delito propuesto –entre otros- en dos oportunidades a los legisladores (y que ni siquiera se ocuparon de tratar), consiste en penar con prisión e inhabilitación especial para conducir automotores a quien condujere cualquier tipo de vehículo automotor a una velocidad superior en 40 km/h a la máxima establecida para dicha autopista, semiautopista, ruta, avenida o calle.
Estos delitos ya existen en los países exitosos en su lucha contra las muertes en el tránsito, pudiendo mencionarse el caso cercano de España, vigentes desde hace varios años, y estimándose su implementación una contribución muy importante a la reducción de las muertes en ese país.
Estamos hablando de “delitos”, y no de una simple infracción o contravención, de las cuales la experiencia cotidiana muestra que es fácil escapar con total impunidad.
Luchemos por la Vida promueve, además de la reducción de las velocidades de circulación, constituir esta conducta de altísimo riesgo para las vidas de todos en un delito, en todo el territorio nacional, lo que puede significar al responsable la pérdida de su libertad, transformándose en un simple “delincuente”, con la condena social que ello implica. Esto será un avance imprescindible para salvar muchas vidas, que debemos incorporar con urgencia a nuestra legislación penal.
* Fuente y fotos: Prensa ANSV