La decisión del Gobierno bonaerense de condonar las multas a 1.277.772 infractores detectados por los 45 radares instalados en los corredores viales de la Costa Atlántica, durante la temporada estival, da por tierra con la declarada intención de controlar y sancionar para aumentar la seguridad vial. El 1º de enero pasado, después de casi 10 años, volvieron los radares a los caminos de la provincia de Buenos Aires. Se ubicaron 25 equipos fijos y 20 móviles. Detectaron que el 80% de los automovilistas superó las velocidades máximas permitidas. Sin embargo, aquellos que fueron multados ahora son perdonados.
Los controles resultan efectivos cuando cumplen una condición: que el conjunto mayoritario de la población esté convencida de que, en caso de cometer una infracción, será “muy probablemente” sancionado. En esto radica el efecto preventivo de las medidas. Cuando el transgresor comprende que lo beneficia “personalmente” más respetar las reglas que no hacerlo, cambia de comportamiento. Cuando el Estado sostiene su aplicación justa, continua y sin excepciones, reafirma el valor “social” de la medida, contribuyendo a su afianzamiento como hábito y su generalización.
Con esta decisión, las autoridades bonaerenses demuestran que no saben, o no quieren saber, cuál es el objetivo de hacer cumplir la ley: desalentar los comportamientos de riesgo que ponen en vilo la vida de todos.
Y la próxima temporada es probable que sean más del 80% los automovilistas transgresores, en la certeza de que hagan lo que hagan habrá un “perdón”: ¡y más muertes!
Tal vez, para las autoridades, 200 accidentes y al menos 13 muertos, oficialmente reconocidos, sean un verdadero éxito de seguridad vial.
Lic. María Cristina Isoba
Directora de Investigación y Educación Vial
Luchemos por la Vida