Es generalmente reconocido que el objetivo de la legislación y las normas es dictar el comportamiento de los usuarios de las rutas y hacerlo predecible y compatible. Lamentablemente, en muchos casos, la legislación y las normas no son suficientes para cambiar este comportamiento; por lo tanto, es indispensable que la policía controle su cumplimiento. Aunque este control muchas veces anima a un cambio de comportamiento, éste sólo permanece mientras se sienta claramente el riesgo de ser atrapado nuevamente.

Es poco útil dar nuevos pasos en el campo legal, si los medios de control no se implementan. Sin esos medios, las medidas legales sólo tendrán un efecto limitado en la seguridad vial.

Los controles y la vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito deben detectar a los conductores cuyos comportamientos son peligrosos o irresponsables, y que por lo tanto pueden llegar a causar accidentes.

La efectividad de los servicios de control depende principalmente de su personal y sus equipos, especialmente en los elementos de detección técnica con que cuenten. Para ser efectivos, estos controles deben ser realizados en los lugares en que se presenta el mayor peligro y deben contar con personal suficiente como para ser percibido en forma constante por los usuarios de las rutas.

Es importante dar mucha publicidad a las operaciones de control y vigilancia para que éstas tengan poder disuasivo.

El marco de la acción legal de prevención está basado en el bien conocido principio disuasivo de que la efectividad de la acción que condena el comportamiento depende de la severidad de la sanción prevista en caso de infracción. Este principio concuerda con la lucha contra los accidentes de tránsito cuando es percibida, en parte al menos, como resultado de un deliberado comportamiento riesgoso. La prevención y el control están, entonces, muy estrechamente ligadas.

La mayoría de los accidentes de tránsito son causados por exceso de velocidad o por conductores que han ingerido alcohol. Para castigar a los infractores de normas viales, los países utilizan diferentes clases de sanciones: multas, prisión, retiro o invalidez de la licencia de conducir, inmovilización o confiscación del vehículo, etc. Se estima que retirar la licencia para conducir es la medida de mayor eficacia entre en los conductores.

El objetivo de las sanciones es animar al infractor a cumplir las reglas de tránsito existentes y cambiar, en consecuencia, su comportamiento. Para alcanzar esta meta, la sanción debe ser aplicada poco después de ser cometida la falta. Si se prolonga el período entre la infracción y la sanción, es muy dudoso que esta última pueda ejercer influencia alguna en el futuro comportamiento del infractor.

Por lo tanto puede considerarse que las sanciones moderadamente severas, que se aplican, son más eficientes que un sistema de sanciones muy severas pero poco frecuentes. Además, cuanto más breve sea el período entre el registro de la infracción y la aplicación de la sanción, más efectiva y bien aceptada será la sanción.

Por lo tanto, hay tres reglas de oro para respetar:

- la frecuencia de los controles como factor esencial de disuasión;

- la certeza de que se producirá una sanción;

- la velocidad en la aplicación de la sanción.